Toma de Lima: esta democracia ya no es democracia

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Ya son más de dos meses en que el país vive una crisis social y que no parece terminar. Desde la destitución del entonces Presidente Pedro Castillo por parte del Congreso en diciembre de 2022, las primeras manifestaciones en el sur del país arrancaron con fuerza. Actualmente, miles de personas de esta región llegaron a la capital para presentar sus demandas. Entre sus reclamos, el primero que exigen es la renuncia de la actual mandataria Dina Boluarte, que, por sus recientes declaraciones, parece querer mantenerse en el cargo. Mientras tanto, los enfrentamientos entre policías y manifestantes continúan en las calles, llevando hasta el momento un saldo de 60 personas fallecidas.

Carlos Soto – Lima, 9 de febrero de 2023

Para entender un poco la crisis actual que se vive en Perú, el contexto es crucial.
Se hace necesario retroceder unos 6 años: Es 9 de junio de 2016 y el economista Pedro Pablo Kuczynski era declarado presidente de Perú al ganarle en segunda vuelta a la candidata Keiko Fujimori, hija del ex-Presidente Alberto Fujimori actualmente condenado en prisión por crímenes de lesa humanidad (1). Desde ese entonces, la ex candidata y su partido Fuerza Popular harían caso omiso a su derrota y pese a la proclamación de Kuczynski, se convertirían en bloque opositor, dispuesto a echar mano de su poder para obstruir y dilatar las labores del ejecutivo. Desde la censura de ministros (2) hasta pedidos de vacancia presidencial.

Mientras, la crisis social ya se empezaba a respirar en las calles, ante el posible involucramiento del presidente en el caso Lava Jato (3), una de las revelaciones de corrupción más grandes jamás develadas en América Latina. Nadie se imaginaba que este era solo el inicio: el sillón presidencial sería ocupado hasta por 5 presidentes distintos en 6 años.

A raíz del escándalo de Lava Jato, el Congreso creó una comisión liderada en ese entonces por la congresista fujimorista Rosa Bartra (4), para investigar los aportes que recibían distintas candidaturas políticas durante sus campañas electorales. Así, el 10 de enero el entonces Presidente Kuczynski fue sometido a un interrogatorio por sus presuntos vínculos con la red de corrupción. Esto originaría una primera moción de vacancia por incapacidad moral por parte de un grupo de congresistas, en su mayoría de Fuerza Popular. En esta ocasión, la petición fue rechazada, pues no contaba con la cantidad de votos suficientes que la Constitución exige para hacer efectiva la vacancia. No sería hasta marzo del 2018, que el Congreso presentó una segunda moción de vacancia luego del destape de unas grabaciones que expuso la negociación de votos de algunos congresistas a cambio de favores con el Ejecutivo para evitar así la vacancia (5), en esta oportunidad se obtuvieron los votos necesarios, asumiendo como nuevo presidente, por sucesión, el entonces vicepresidente Martín Vizcarra (6).

Carlos Soto – Lima, 9 de febrero de 2023

DISOLUCIÓN DEL CONGRESO

Cualquiera creería que los roces entre el Poder Ejecutivo y Legislativo quedarían ahí, pero la oposición fujimorista no descansaría en su afán de seguir entorpeciendo todos los proyectos de reforma que desde el gobierno se presentaban. El Congreso incluso blindó al entonces juez supremo César Hinostroza (7) -hoy prófugo de la justicia- y al fiscal de la Nación Pedro Chavarry, ambos involucrados en el caso Cuellos Blancos (o CNM Audios) (8). Ambas autoridades formarían parte de una organización criminal dentro del poder judicial, evidenciando su profunda crisis. Pese los reclamos de las calles ante la corrupción institucionalizada, el Legislativo mantuvo su apoyo, con una mayoría fujimorista liderando la estrategia de blindaje.

Luego de muchos debates, plenos y un referéndum incluido, Vizcarra decidió presentar un proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales para inicios de 2020 (9). En el Congreso no recibieron muy bien esta noticia. La misma no prosperó ya que la Comisión de Constitución rechazó la iniciativa y la mandó al archivo (10). No contenta con esto la bancada fujimorista aceleró la elección de nuevos magistrados para conformar el Tribunal Constitucional (TC).

Esta solicitud de acelerar la elección del TC coincidió con un habeas corpus presentado a favor de Keiko Fujimori ante el mismo órgano (11) mientras se encontraba en prisión preventiva en el penal de mujeres Santa Mónica, por el presunto delito de lavado de activos agravado durante su campaña presidencial en el 2011 (12).

Todo esto ocasionó que Vizcarra solicitara una Cuestión de Confianza (13) para evitar la elección de estos nuevos magistrados. Este se trata de un mecanismo constitucional propio del presidente en ejercicio, en el que plantea un tema crítico para su gestión y luego se vota en el parlamento. Así, la agenda del Congreso de Perú del 30 de septiembre de 2020 contenía dos temas: por la mañana la votación de los nuevos magistrados y por la tarde la presentación de la cuestión de confianza (14). El Presidente Vizcarra interpretó el gesto como una “negación de facto” y ese mismo día anunció la disolución del congreso -poder que ostenta el ejecutivo entre sus prerrogativas- y el adelanto de las elecciones legislativas.

Al cabo de unos meses, el 26 de enero se celebraron estos comicios sin mayores incidentes, donde se eligieron a los nuevos parlamentarios para terminar el periodo congresal 2016-2021.

Carlos Soto – Lima, 9 de febrero de 2023

COVID, GENERACIÓN DEL BICENTENARIO Y UN USURPADOR

En marzo de 2020 el mundo se paralizó. El 15 de aquel mes Vizcarra anunció el inicio de una cuarentena a nivel nacional (15), producto de la llegada de la pandemia por covid-19 o SARS-CoV-2.

El nuevo Ccongreso, ni bien instalado y en plena crisis sanitaria, en menos de un año presentaría nuevamente 2 mociones de vacancia en contra de Vizcarra, la primera sin éxito en septiembre por el presunto delito de tráfico de influencias (16) y la segunda en octubre por supuestamente aceptar sobornos cuando fue regidor de Moquegua en el 2013 (17). Otro factor que influyó para esta moción fue la revelación de la administración irregular de vacunas de altos funcionarios (18), incluido Vizcarra, en septiembre sin hacerlo público. Mientras en el país la tasa de fallecidos por el covid-19 iba en aumento.

Llegado el 9 de noviembre, durante el pleno, el Congreso votó a favor de la vacancia (19) de Martín Vizcarra. Al día siguiente el presidente del Congreso, Manuel Merino, juramentó como nuevo Presidente del Perú (20).

Aquella misma tarde una serie de manifestaciones se darían a nivel nacional. Fueron 5 días de violentas protestas donde la ciudadanía, liderada por jóvenes en su mayoría -la denominada “Generación del Bicentenario” (21)-, exigía la inmediata renuncia de Merino. La respuesta de la policía no demoró en llegar con una represión que dejó varios heridos producto del impacto de perdigones y bombas lacrimógenas durante la marcha del jueves 12 y que tuvo su peak dos días después, cuando los jóvenes Inti Sotelo (24) y Brian Parejo (22) fueron asesinados por impacto de bala (22), lo que generaría una masiva salida de ministros por la noche y, al día siguiente, la renuncia del propio Merino (23).

Es así que a los pocos días, el 17 de noviembre, el presidente de la nueva Mesa Directiva, Francisco Sagasti, juramentó en el Congreso como nuevo Presidente del Perú, convirtiéndose así en el tercero en una semana y el cuarto en menos de 5 años (24).

Carlos Soto – Lima, 10 de noviembre 2020

PALABRA DE MAESTRO

Durante los meses siguientes Sagasti se preocupó en hacer una correcta transición, continuar con la campaña de vacunación a nivel nacional y asegurar con garantías las nuevas elecciones generales a celebrarse en abril de 2021.

Esta nueva contienda electoral trajo una novedad: la postulación de un nuevo candidato que no estaba en el radar político hasta ese entonces. Se trataba de un total outsider que, al inicio de las encuestas no llegaba ni al 1% de favoritismo y, al final, terminó pasando a segunda vuelta. Proveniente de una región al norte del país, Cajamarca, maestro de profesión y líder sindical: Pedro Castillo Terrones. Al otro lado estaba Keiko Fujimori que iba por su tercer intento de conseguir la presidencia. Pese a ello, los resultados oficiales dieron como ganador a Castillo, con sólo 44 mil votos de diferencia (25). Keiko, una vez más, no reconocería su derrota denunciando junto a sus aliados la existencia de fraude electoral, llevando incluso hasta la sede principal de la OEA (26) una carta donde pedían su intervención y revisión de resultados, solicitud que no prosperó.

Ya desde su asunción como nuevo presidente en julio de 2021, Pedro Castillo tuvo que lidiar con una continua campaña de desprestigio por parte de la oposición y de los medios tradicionales de comunicación. En total durante los 16 meses que duró en el cargo nombró a 78 ministros (27), que a menudo recibían cuestionamientos por la poca o nula experiencia que presentaban para los puestos encomendados. La inestabilidad política provenía esta vez por las improvisaciones del propio ejecutivo, sumado a los roces con los medios de prensa que iban en aumento, aferrándose a su postura del silencio.

Es así que el 29 de noviembre de 2022 tras dos intentos infructuosos, el congreso presentó una tercera moción de vacancia por permanente incapacidad moral (28), a raíz de una denuncia que realizó la Fiscalía de la Nación donde lo acusaban de liderar una organización criminal por presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, entre otros (29).

Carlos Soto – Lima, 7 de junio de 2021

EL AUTOGOLPE QUE NO FUE

Para el 7 de diciembre de 2022, el Congreso había citado a Castillo para ejercer su derecho a la defensa luego de haber votado para llevar a trámite la moción de vacancia, pero ocurrió algo inesperado. Mientras en el parlamento lo esperaban, Castillo dio un mensaje a la Nación anunciando la disolución del Congreso y el establecimiento de un “Gobierno de excepción” (30), entre otras medidas, bajo la interpretación del Ejecutivo que se le había rechazado dos veces la cuestión de confianza y eso le otorgaba -según él- la potestad para disolver el Congreso.

Las reacciones luego del anuncio fueron rápidas. Empezaron renunciando, las cabezas de los ministerios. A los minutos, el Congreso convocó a una sesión extraordinaria donde lograron esta vez con éxito, la vacancia de Castillo, consiguiendo así su destitución del cargo.

La aún vicepresidenta Dina Boluarte, quien había sido enfática en manifestar su apoyo a Castillo, calificó la decisión del mandatario destituido como “golpe de Estado” y, horas después, juramentó como la primera presidenta mujer del Perú.

Durante su juramentación hubo un gran pendiente: el anuncio de elecciones. Si bien un porcentaje de la ciudadanía lo esperaba, la ceremonia omitió esta declaración, dando a entender así que Boluarte se quedaría hasta el final del mandato en el 2026.

Esto desataría un fuerte estallido social en la zona sur del país, región donde Castillo había obtenido la mayoría de sus votos. Las personas manifestaron su descontento por la decisión de sacar a Castillo, a quien habían dado su apoyo, del poder, tildando a Boluarte de traidora. Días después la Presidenta dio un paso atrás en su decisión y declaró ante los medios el adelanto de elecciones para el 2024 buscando así calmar un poco las protestas en las calles.

El efecto fue inverso: las manifestaciones se intensificaron incluso con la toma de aeropuertos, bloqueo de vías y el anuncio de un paro nacional indefinido (31).

El domingo 11 de diciembre se reportaron las dos primeras víctimas mortales desde Andahuaylas, en Apurímac, por el alcance de proyectiles de armas de fuego disparados por la policía según los certificados de defunción (32). Un menor de edad de iniciales D.A.Q y el jóven estudiante Beckham Quispe de 15 y 18 años de edad respectivamente. Para fin de año ya se hablaba de más de 28 personas fallecidas producto del enfrentamiento directo con fuerzas del orden, siendo Arequipa, Ayacucho, Apurímac y Puno los departamentos más afectados.

Carlos Soto – Lima, 28 de enero de 2023

LLAMADO AL DIÁLOGO ENTRE ABUSOS POLICIALES

Llegó la navidad y con eso, una breve tregua hasta inicios de año. Dina durante una sesión del Consejo de Ministros exhortó a los manifestantes a armar una mesa de diálogo para poner fin a las protestas. A pesar de ello, el 4 de enero se anunció un nuevo paro nacional y las manifestaciones siguieron hasta el trágico lunes 9 donde se reportó el mayor número de fallecidos en un solo día: 17 civiles y un policía perdieron la vida producto de las movilizaciones en Puno (33).

Al día siguiente el Congreso le otorgó la cuestión de confianza al actual Premier Alberto Otárola. Días después, el 12 de enero, se invocó una vigilia en Lima frente al Palacio de Justicia donde se anunció la llegada de varias delegaciones provenientes del sur del país para participar de un paro nacional indefinido catalogado como la “Toma de Lima”, convocado para el jueves 19 de enero, fecha donde se produjo una serie de enfrentamientos e incluso un incendio en una antigua casona del centro de Lima, a escasos metros de la Plaza San Martín (34), por un momento se responsabilizó del siniestro a los manifestantes, pero esto se desmintió rápido gracias a los videos de seguridad y a las declaraciones de los propietarios de la casa.

Por la mañana del sábado 21, un fuerte contingente policial, sin fiscal presente, ingresó indebidamente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) (35). Esto se produjo a pedido del rector de dicha casa de estudios que denunció la toma de una facultad por parte de unos estudiantes para utilizarla como lugar de acogida para las personas provenientes del sur del país que llegaron para participar de las marchas en la capital. Una vez dentro, la policía comenzó a detener arbitrariamente a más de 200 personas (36), liberándolas a los días ya que no se les encontró nada incriminatorio.

Hasta el momento se han realizado casi 10 jornadas de manifestaciones en la capital y cada vez los enfrentamientos son más violentos, dejando como saldo la primera víctima, Víctor Santisteban de 55 años de edad que falleció la noche del sábado 28 (37), una de las fechas más duras, donde se desarrolló un feroz enfrentamiento entre policías y manifestantes a unas cuantas cuadras del Congreso.

Carlos Soto – Lima, 11 de febrero de 2023

Carlos Soto – Lima, 28 de enero de 2023

DESLEGITIMIDAD DE PODERES

En las últimas marchas también se pudo presenciar el abusivo trato contra la gente de prensa independiente que al tratar de cubrir los arrestos arbitrarios que comente la policía a su paso, han resultado heridas e incluso, en algunos casos, con pérdidas materiales (38). Las brigadas médicas tampoco están exentas de sufrir algún abuso policial, como en la jornada del 4 de febrero donde detuvieron a una brigadista por denunciar estos arrestos frente a una Comisaría.

Paralelamente a las intervenciones policiales en el Centro de Lima, el Gobierno a finales de enero mandó desplegar a más de 500 militares hasta el departamento de Puno (39) para desbloquear las vías. El 8 de febrero, un día antes de cumplirse un mes de la masacre en Puno, el Gobierno autorizó la transferencia de 233 millones de soles a efectivos policiales para seguir afrontando los conflictos sociales en el país (40), esto sumado a la promesa de entrega de bonos hasta 4 veces su sueldo para policías de Lima y Callao (41) por su labor durante el Estado de Emergencia.

Lamentablemente al cierre de esta nota se reportó el fallecimiento de una nueva víctima en Apurímac. El jueves 9, Denilson Huaraca Vílchez de 22 años de edad se encontraba regresando a su casa después de una manifestación pacífica cuando un contingente de policías interceptó el bus donde viajaba y dispararon contra los pasajeros con armas de fuego (42) ocasionando su muerte. Otras 3 personas resultaron gravemente heridas.

Mientras tanto, Boluarte se aferra al cargo en complicidad con su Premier y con el respaldo de las fuerzas del orden, argumentando que es una minoría los que exigen su renuncia. Sin embargo, una reciente encuesta realizada por Ipsos Perú señaló todo lo contrario: el 76% de peruanos prefieren la renuncia de Dina y que se convoque a nuevas elecciones generales (43). Por otro lado, el viernes 3 de febrero, haciendo caso omiso al reclamo ciudadano, el Congreso mandó al archivo la propuesta de adelanto de elecciones para este año (44). Al parecer nadie desde el Ejecutivo y Legislativo pretende dejar su cargo contribuyendo así a la deslegitimidad de ambos poderes y debilitando la poca institucionalidad política que les queda. Entretanto, las manifestaciones y bloqueo de vías continúan en el país dejando en claro que sólo la renuncia de Dina calmaría un poco esta tensa crisis, otra opción en el corto plazo no se avizora.

Carlos Soto – Lima, 9 de febrero de 2023