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El país vive desde el año 2013 un proceso de estancamiento económico, que se ha desarrollado en una crisis abierta desde la asunción del gobierno derechista de Mauricio Macri en Diciembre del 2015, y que se profundizó por las medidas neoliberales aplicadas hasta el fin de su mandato en 2019.
Desde la llegada al Gobierno de Alberto Fernández, de la mano de una alianza amplia entre sectores progresistas y conservadores con un claro signo anti-neoliberal, se ha planteado cómo lograr la recuperación económica y social necesaria luego de más de cuatro años de caída económica, recesión y empobrecimiento generalizado.
Intentando evitar la confrontación ideológica, la decisión explícita del gobierno fue la mesura, la conciliación y la construcción de consenso. Estos ejes fueron expuestos como la base necesaria para el plan de crecimiento con “todxs adentro”.
Rápidamente estas promesas chocaron de frente con los intereses de los grandes grupos multinacionales, las elites y los grupos conservadores (tanto al interior como al exterior de la fuerza de gobierno).
Es en este contexto nacional, con la llegada del Covid-19 y la consiguiente recesión económica global, que se ha demostrado sin eufemismos los límites de una política que intenta hacer las paces entre los sectores que viven del trabajo ajeno y los que viven de su propio trabajo.

Economía de la crisis
En términos económicos el actual Gobierno accedió a la gestión con un grave panorama. Durante el Gobierno de Mauricio Macri la relación entre el PBI nacional y la deuda pública pasó del 40% a más del 100%, al mismo tiempo la moneda (el peso Argentino) se devaluó casi un 500% en relación al dólar estadounidense. Por su parte la fuga de capitales se disparó hasta alcanzar los casi 90.000 millones de dólares en cuatro años (1). Todos los indicadores sociales dieron cuenta del impacto de la aplicación de las recetas del Banco Mundial y el FMI. La pobreza, creció más de 10% en el mismo periodo (pasando del 30% al 40%), y al finalizar 2019 en el país el 50% de lxs niñxs eran pobres.
Resulta fundamental resaltar que en el año 2018 el Gobierno de “Cambiemos” y el FMI firmaron un acuerdo para ofrecer al país el préstamo más grande la historia del organismo internacional. Esta suma ascendió hasta los 57.000 millones de dólares estadounidenses. Fue clave en esa negociación el apoyo explícito que hizo el Presidente de EUA, Donald Trump, a su amigo Mauricio Macri, con el objetivo de que el organismo internacional girara el dinero lo antes posible en pos de ganar las elecciones de 2019. Obviamente esto se hizo sin tener en cuenta las condiciones económicas y financieras mínimas necesarias, que el mismo organismo impone a los países para asegurar préstamos y su consecuente devolución.
En palabras del delegado de EUA en el FMI, Claver Carone (actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo): “Y el programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de la Argentina, y les haya costado una elección es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica peleamos contra los europeos…” (2). No resulta entonces desacertado afirmar que el programa del FMI, que sigue siendo una de las bases de la crisis actual, haya sido el resultado de una explícita política neo-colonial acordada entre grupos empresarios del Norte y del Sur.

A pesar de esto, Fernández ha decidido mantener una política continuista con relación a la deuda con el FMI y los acreedores internacionales. El gobierno decidió reconocer la integridad de la deuda a pesar de que había razones de sobra para realizar una investigación de la misma con el objetivo de conocer el destino final que habían tenido los recursos obtenidos y saber quiénes se beneficiaron. De esta forma, a principios de este año, alcanzó un acuerdo con los accionistas privados extranjeros (en su mayoría fondos de especulación) con una fuerte quita en los intereses y con aplazamiento de los vencimientos, pero reconociendo casi la integridad del capital a devolver.
La decisión de Martín Guzmán, Ministro de Economía de la Nación, estuvo justificada por una búsqueda de pacificar a los sectores especulativos, que presionan por una megadevaluación, y persiguió la idea de dar signos “positivos” hacia los grandes jugadores financieros. Al mismo tiempo, se bajaron las retenciones (impuestos a la exportación de productos agropecuarios) en pos de obtener mayor cantidad de divisas para el mercado nacional y también mostrar la voluntad de diálogo entre el gobierno y las empresas exportadoras.
Lamentablemente las medidas no fueron suficientes para los grandes sectores especulativos, que continuaron presionando. En octubre se desató una corrida cambiaria, seguida de una devaluación de casi el 100% de la moneda nacional, que terminó destruyendo los planes de Fernández de una “pacificación” de la puja re-distributiva. A partir de allí se aplicaron medidas financieras ortodoxas (aumento de la tasa de interés, libre e irrestricto flujo de capitales y libertad para la compra y venta de dólares), que a pesar de que lograr frenar la devaluación de la moneda, dejaron en claro que la única forma de apaciguar los deseos del capital especulativo es ceder a sus demandas.
Recientemente Martín Guzmán, ha propuesto a lxs delegadxs del FMI la firma de un acuerdo de “facilidades extendidas”, lo que implica una postergación en el plazo de los primeros pagos de capital pero al mismo tiempo acepta que lxs funcionarixs del organismo definan la estructura financiera del Estado. Como es habitual en los planes de austeridad fiscal propuestos por el FMI, el resultado son reformas en términos regresivos en el ámbito fiscal, previsional y laboral. De esta forma el presupuesto nacional para el 2021, aprobado hace poco tiempo, ya plantea recortes en el gasto fiscal exigidos por el FMI, principalmente en el área social y sanitaria.
Como plantea Claudio Katz: “En este mar de oscilaciones Fernández no implementa el ajuste, ni la redistribución. Pretende transitar por un camino intermedio pero potencia la agonía de la economía. No satisface las necesidades populares y tampoco avala las exigencias de los poderosos. Por un lado soslaya medidas de disciplina cambiaria y freno a la carestía y por otra parte resiste el maximalismo de la derecha. Con emisión, recortes de gasto y un nuevo endeudamiento va tirando a la espera del rebote económico del 2021.” (3)
El presupuesto del año 2021 deja de lado las políticas sociales que permitieron desarrollar medidas para paliar los efectos de la pandemia sobre una economía en crisis. Los programas que se pusieron en marcha durante este año para intentar socorrer a los sectores populares como el Ingreso Familiar de Emergencia, la tarjeta alimentaria, aumentos en la Asignación Universal por Hijo, y el ATP, que permitieron sobrevivir a millones de personas serán el año próximo reducidos o directamente cancelados.

Anuncios mediáticos, antes que políticas públicas
A principios del año 2020 la sexta empresa más importante en el mercado agroexportador del país “Vicentin” se declaró en quiebra. Este hecho llevó a una investigación que permitió identificar un gran fraude al Estado y lxs productores llevado adelante por los dueños de la empresa, quienes vaciaron la empresa movilizando los fondos de la misma hacia su filiales en Paraguay y Uruguay. El mayor acreedor de la exportadora es el Banco Nación, a través de préstamos otorgados compulsivamente durante los últimos años del gobierno de Macri. En este contexto se inició un torpe intento por parte del gobierno para intervenir la empresa e intentar recuperar los activos antes de que sean liquidados.
Antes de iniciar el proceso legal, que hubiera implicado plantear una ley para declarar de uso público a la empresa, el gobierno anunció la medida a través de los medios generando una gran reacción de los partidos de derecha y de los medios de comunicación afines. Se generaron movilizaciones, acciones judiciales y todo el aparato mediático comenzó a desarrollar una campaña para poner a la sociedad civil en contra de la medida.
Finalmente el gobierno tuvo que retroceder, dejando que se efectivizara el vaciamiento con terribles consecuencias para más de 7000 trabajadorxs, miles de productores y zonas enteras donde la empresa cumplía un rol económico central. Muchas son las voces que opinan que el siguiente paso es que la empresa sea vendida por partes a capitales extranjeros.
Este error de cálculo no solo mostró los límites de medidas que son primero anunciadas en los medios de comunicación antes de buscar los apoyos políticos y sociales para llevar adelante los objetivos con éxito, sino que también mostró que para gobernar la economía del país es fundamental que el Estado pueda tener algún nivel de incidencia a la hora de definir el rumbo que toma el sector agroexportador. Es probable que si se hubiera llevado a cabo la expropiación de “Vicentin” a principios de año, hubiera sido mucho más fácil para el gobierno evitar las presiones actuales hacia la devaluación monetaria y la presión del conglomerado agroexportador en pos de aumentar los precios de los alimentos en el ámbito nacional.
Como lo explica claramente el actual Presidente del Banco Nación, Claudio Lozano, ante las consecuencias de una estatización: “Ganaríamos (el Estado) presencia en el comercio de granos, en el mercado de los alimentos y en la oferta de divisas”. (4)

crédito foto : @agustina.byrne

¿Quién administra el lock-down?
A medida que los casos de Covid-19 comenzaron a multiplicarse en el país a mediados de marzo se aplicó una estricta cuarentena en el territorio nacional con foco en el área metropolitana. Ese lock-down implicó que las fronteras entre las provincias estuvieran cerradas y que también el movimiento de las personas que no desarrollasen trabajos “esenciales” estuviera prohibido.
Como en muchos otros países lxs responsables de asegurar que se cumpliera con esas normas fueron las fuerzas de seguridad. Tanto desde los sectores de derecha como desde el progresismo se lanzó una campaña mediática para instalar la idea de que lxs policías se habían convertido de la noche a la mañana en “policías del cuidado”, a pesar de ser lxs mismxs que durante el gobierno de Macri reprimían violentamente a lxs trabajadorxs. (5)
La decisión explícita de cederle el control de la cuarentena a las fuerzas de seguridad no derivó, como proponían estos sectores, en una novedosa fraternidad entre las primeras y la sociedad sino más bien en cientos de casos de violencia institucional; entre las que podemos contar torturas, persecución y hostigamiento.
Teniendo en cuenta la historia de nuestro país con lxs desaparecidxs, el caso de la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro a manos de la Policía de Buenos Aires ocurrido a mediados del 2020, llevó a un punto álgido las tensiones que se venían acumulando desde el inicio de la cuarentena en torno al accionar de las fuerzas de seguridad. El caso tuvo muchas similitudes con el de Santiago Maldonado ocurrido bajo el gobierno de Mauricio Macri, y tristemente se pudo verificar nuevamente el entramado de violencia, persecución y encubrimiento que tienen como modo de accionar las fuerzas de seguridad en el país.
Por otra parte, esta reducción de la circulación casi al mínimo generó graves consecuencias para un gran número de personas que viven de la economía informal y que de la noche a la mañana perdieron sus empleos. Cientos de miles de personas perdieron sus hogares, lo que llevó a que solo en la Provincia de Buenos Aires (la más poblada del país) hubiera más de mil tomas de terrenos con el objetivo de instalar viviendas precarias.
El caso de la represión en Guernica (6), donde se desalojó violentamente a más de 1000 familias que habían ocupado terrenos que eran propiedad de un grupo inversor que se proponía edificar un barrio privado, mostró la incapacidad de las fuerzas políticas al interior del gobierno para establecer un acuerdo sobre el camino a seguir cuando se enfrentan dos derechos legales como lo son el derecho a la propiedad privada, quintaesencia de la sociedad capitalista, y el derecho a la vivienda, postergado a una cuestión de oferta-demanda. Como expresó Nora Cortinas, histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo: “el Gobierno le demostró a los ricos que los va a seguir ayudando». (7)
Desde las grandes represiones de finales de los años noventa y principios de los 2000, la negación a utilizar la represión abierta como forma de gobernar fue uno de los puntos que ha caracterizado a los gobiernos kirchneristas, con lo cual estos hechos concretos han generado una fuerte resistencia dentro de los mismos sectores sociales y políticos que llevaron al poder a Alberto Fernandez. 

Sobre urgencias y urgencias
Si la pandemia mostró la necesidad de transformaciones políticas y económicas profundas también dejó en claro que el tiempo de la política también es una cuestión de confrontación de intereses.
Sin lugar a dudas el gobierno ha priorizado en este tiempo de crisis asegurar la estabilidad sanitaria (apuntando al inicio de la campaña de vacunación masiva para el 2021) y económica por sobre las transformaciones progresistas. A pesar de ello el contexto general ha generado que en estos últimos tiempos haya avanzado en la presentación de algunas leyes para intentar descomprimir el descontento popular ante una situación con pocas cosas que festejar.
En el último tiempo se ha conseguido la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario, que estipula el pago del 2% del patrimonio de personas físicas para financiar proyectos en salud, apoyo a PYMEs, desarrollo de becas e investigación en hidrocarburos. En su momento, hace ya más de siete meses, la mención por parte del Presidente de la Nación de la posibilidad de aplicar esta ley desató el inicio de una campaña mediática, parlamentaria y de movilización contra el gobierno. Una vez más, al igual que con el caso Vicentin, vemos cómo la enunciación de una medida progresista genera una gran reacción conservadora presionando por un paso hacia atrás del gobierno.
También en estos últimos meses se ha aprobado, bajo iniciativa de la alianza Frente de Todxs, la llamada Ley de Fuego que prohíbe la utilización para fines comerciales de las tierras que hayan sufrido incendios en los últimos 30 años. Teniendo en cuenta que en este año 2020 casi la mitad de las provincias del país estuvieron bajo las llamas, se busca con esta ley evitar la especulación detrás de esos incendios. También, se ha reglamentado la Ley de cultivo y uso medicinal del cannabis.
Una de las demandas más reclamadas y esperadas, debido en parte a que era una promesa explícita de campaña de Fernandez, era la presentación del proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Lo que finalmente fue presentado en Noviembre y se convirtió en Ley 30 de Diciembre del 2020. Desde la irrupción del movimiento feminista en los últimos años como uno de los actores centrales de la política nacional y especialmente luego de la media sanción obtenida en 2018, la legalización del aborto es uno de los ejes más relevantes a la hora de pensar las divisiones políticas en el país. Incluso los dos grandes bloques parlamentarios (Juntos por el Cambio y el Frente de Todxs) se encuentran divididos a su interior en relación con esta temática.

crédito foto : emergentes

Su discusión parlamentaria no solo permite ver un signo progresista del gobierno hacia un reclamo histórico, sino también una posible reedición de las grandes movilizaciones populares que han estado ausentes en la escena política debido a la cuarentena. Las jornadas de vigilia y movilización del 29/30 de Diciembre mostraron una vez más que ningún gobierno en Argentina puede ya gobernar sin prestar atención a las demandas de este sector.
Finalmente cabe destacar que cuando inició su mandato Alberto Fernandez la situación a nivel regional era sumamente compleja para cualquier fuerza progresista. En Uruguay se imponía la derecha, Bolsonaro en Brasil estaba en su momento de mayor popularidad, Trump parecía encaminarse a una reelección y en Bolivia se había llevado a cabo un golpe de Estado.
En ese contexto el margen de maniobra era muy limitado. Por eso resulta tan relevante el rol que desempeñó Alberto Fernandez durante el golpe de Estado en Bolivia. En palabras del mismo ex-presidente del Estado Plurinacional de Bolivia: “Hermano Alberto Fernández, me salvó la vida, nunca lo voy a olvidar». (8)
Sin embargo en este último año las cosas han comenzado a cambiar. El retorno del MAS-IPSP al gobierno en Bolivia, con una victoria aplastante sobre las fuerzas golpistas en un contexto en donde todos los factores estaban en su contra; el plebiscito en Chile que marcó el posible fin de la Constitución pinochetista; las elecciones municipales en Brasil que resultaron en una derrota total para los candidatos bolsonaristas; las movilizaciones en Perú; y la derrota sin atenuantes del supremacismo blanco en EUA. Hoy en día el gobierno argentino se encuentra mucho más “acompañado” por el contexto regional.
Al parecer los vientos que soplan en América Latina son propicios para un nuevo ciclo de gobiernos y medidas progresistas, al mismo tiempo que deja en claro que las derechas regionales ya no tienen proyectos políticos de largo aliento. 

La histórica división
Ante la muerte de Diego Maradona millones de personas en todo el mundo, entre ellxs un sin número de deportistas, rindieron homenaje al personaje más icónico del deporte mundial. En un partido en donde la selección masculina de rugby de la Argentina enfrentó a los All Blacks (selección masculina de Nueva Zelanda), los jugadores argentinos vieron con desprecio como sus contrincantes rendían homenaje al histórico número “10” de la selección masculina de fútbol. Esta reacción de clase del rugby argentino (junto con la viralización de mensajes racistas, homofóbicos y xenofóbicos enviados por diferentes jugadores del equipo nacional de rugby) no pasó desapercibida. Generando un gran debate en torno a las características que diferencian al fútbol, un deporte popular y mestizo, con el rugby, un deporte de clase alta y de elites en la Argentina. Nuevamente se reedita en nuestro país la vieja, pero aún vigente, discusión entre las elites que se sienten dueñas de un país que aborrecen, y los sectores populares que resisten los embates de la austeridad, la pobreza y el neoliberalismo.
Es este contexto, de pandemia, recesión económica global y crisis económica y social, el que ha demostrado sin eufemismos los límites de una política que intenta gobernar sin tener en cuenta el conflicto de intereses, que intenta negar el conflicto de clases. Quedará por verse si es el punto de partida de un ciclo progresista o una vez más el estancamiento de las esperanzas populares en el pantano de la realpolitik.

(1) https://www.ambito.com/economia/fuga-capitales/la-era-macri-fugo-us88371-millones-n5078125
(2) https://www.lanacion.com.ar/economia/carta-al-fmi-claver-carone-dijo-prestamo-del-nid2512543
(3) https://jacobinlat.com/2020/11/29/argentina-en-el-nuevo-escenario-latinoamericano/
(4) http://www.laizquierdadiario.com/Claudio-Lozano-sobre-Vicentin-el-modelo-es-YPF
(5) https://www.pagina12.com.ar/255797-elogio-a-la-policia-del-cuidado
(6) https://www.editorialsudestada.com.ar/guernica-el-fracaso/
(7) http://www.laizquierdadiario.com/Nora-Cortinas-sobre-Guernica-El-Gobierno-les-demostro-a-los-ricos-que-los-va-a-seguir-ayudando
(8) https://www.perfil.com/noticias/politica/evo-morales-hermano-alberto-fernandez-me-salvo-la-vida-nunca-lo-voy-a-olvidar.phtml

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Dario Farcy

Darío Farcy es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Ha participado activamente en el movimiento de autogestión en Argentina, y forma parte de Fedecaba (Federación de Cooperativas Autogestivas de Buenos Aires). A su vez, ha sido profesor en diferentes experiencias de educación popular en la Ciudad de Buenos Aires. Es parte del Bloque Latinoamericano en Berlín, Alemania.

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